Buscan ordenar los archivos del Poder Judicial

Bajo el lema “Archivos ordenados, juzgados despejados” el  Archivo del Poder Judicial impulsa un plan para evitar que se acumulen expedientes en los juzgados y optimizar el orden de su amplio acervo documental. La experiencia arrancó en los tribunales laborales y se irá extendiendo al resto de los fueros

El origen del Archivo General del Poder Judicial de la Nación se remonta a 1880, cuando se promulgó la ley que declaró a la ciudad de Buenos Aires como capital de la República. A raíz de ello, el 6 de diciembre del 1881 se dictó la ley 1144, que creó y reglamentó el Archivo General de los Tribunales de la Capital Federal. Desde entonces, esta área estratégica —dependiente de la Corte Suprema desde 1968, tras permanecer un largo período bajo la órbita del Poder Ejecutivo— asume la misión de organizar y clasificar toda pieza en papel que requiera ser conservada: expedientes de distintos fueros, documentación de la Corte y el Registro de Juicios Universales conforman un extenso acervo cuyos elementos más antiguos se remontan un siglo atrás.

En los últimos tiempos, el Archivo viene implementando mejoras orientadas a optimizar y hacer más eficiente su gestión. Conducido por Marcelo Valente, a quien la Corte designó hace un año como director de la Oficina de Servicios Auxiliares (que también nuclea a los sectores de Subastas, Notificaciones y Mandamientos), funciona bajo el paraguas del Centro de Asistencia Judicial Federal, constituido en 2017 y dirigido por Pablo Lamounan.

Los desafíos son múltiples y para encararlos se necesitaba un diagnóstico claro. Por eso, cuenta Valente, el primer paso consistió en relevar las condiciones, identificar falencias y modificar sistemas informáticos para disponer de registros correctos y estadísticas fiables. Entre sus prioridades estuvieron la conformación de equipos interdisciplinarios y la estandarización de procedimientos.

El fuero Laboral sirvió como punto de partida para ensayar los primeros pasos de una transformación cultural que se sostenga a largo plazo. Así, en un trabajo conjunto con la Cámara, se avanzó en la generación de nuevos espacios físicos, uno de los objetivos centrales con miras a erradicar la acumulación de expedientes en los juzgados.

De allí que se liberó lugar acelerando el descarte de documentos que —vencidos los plazos establecidos para su guarda— estaban pendientes de destrucción, y los resultados comenzaron a plasmarse en cifras: “En 2018 retiramos y procesamos de 90.000 a 100.000 expedientes, viniendo de un promedio anual de 10.000. Y la meta de 2019 es archivar otros 160.000”, señala Valente. Y agrega: “Aspiramos a que para fin de año no haya, en todo el fuero laboral, expedientes en pasillos, en salas de audiencias u obstruyendo puertas y accesos”.

Además, se informatizaron a la fecha unos 100.000 expedientes y se está trabajando en la ampliación de algunas de las sedes con las que cuenta el Archivo en diferentes rincones de la Ciudad, como el edificio de Villarino 2010, en Barracas.

Otro hito radica en la reubicación y mudanza de determinados sub-archivos para acortar distancias respecto de los lugares donde tramitan las causas afines a cada materia. En una próxima etapa, en tanto, se apunta a trasladar la exitosa experiencia del fuero Laboral al Penal (entre las iniciativas se destaca una propuesta de dos empleados que permitió generar nuevos espacios para guardar hasta 300.000 expedientes en el Archivo Penal de la Corte Suprema) y a profundizar la informatización de lo que aún no ha sido catalogado en el sistema en soporte informático.

Pasillos que ahora están despejados y estanterías ordenadas y clasificadas son el reflejo de un esfuerzo coordinado y sistemático para desactivar una situación que avanzaba hacia un potencial colapso. Los beneficios de este proceso, en definitiva, son múltiples: se gana en comodidad, seguridad, orden y limpieza, lo cual redunda en consultas más ágiles y reduce costos de búsqueda y de traslados, al tiempo que disminuye el riesgo de extravíos y deterioros.

Todo ello, en última instancia, contribuye a mejorar la imagen de la Justicia hacia quienes transitan a diario los tribunales y ante la sociedad en su conjunto.

Fuente: CIJ

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