La Asociación de Magistrados rechazó cuestionamiento a las decisiones de los jueces

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó su rechazo a las reiteradas expresiones vertidas por altos funcionarios de gobierno, que cuestionan decisiones adoptadas por magistrados nacionales con competencia penal en causas donde se ventila la responsabilidad criminal de personas imputadas de delitos contra la propiedad perpetrados en la vía pública (casos denominados informalmente por la general ad como de “motochorros”).

Desde hace varios meses la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ha intentado concientizar a los diferentes formadores de opinión y también a las autoridades políticas, que la aplicación del régimen procesal de “flagrancia”, exhibido por el oficialismo en reiteradas oportunidades como un logro de gestión en materia de seguridad pública, trae consigo que la libertad de los imputados opere en plazos sensiblemente breves. Adviértase que en cuestión de pocos días e incluso horas el juez debe resolver la situación procesal, consolidando una pena de prisión que el imputado acuerda con la fiscalía y que en la gran mayoría de los casos resulta de ejecución condicional, o bien aplicando el instituto de la suspensión del juicio a prueba que también conlleva la soltura inmediata del imputado.

No corresponde al Poder Judicial pronunciarse acerca de las razones de oportunidad, mérito y conveniencia de las leyes de procedimiento. Tampoco señalar a los poderes que emergen de la elección popular los lineamientos a seguir. Su función se limita a proveer la recta aplicación de la ley.

Resulta esencial que se comprenda que tanto jueces como fiscales no imprimen a las decisiones jurisdiccionales sus apreciaciones íntimas en materia de seguridad pública, o sus criterios individuales de política criminal; pues, sencillamente, cumplen con las directrices y ciñen su actuación a los límites que la propia ley de procedimientos para casos de flagrancia (n° 27.272) impone.

Finalmente, en el contexto general en el que se dan las críticas que permanentemente recibe el Poder Judicial, no pueden pasarse por alto las severas deficiencias que presentan los sistemas de control de los imputados y condenados que resultan liberados bajo caución o reglas de conducta, o que cumplen penas privativas de la libertad de ejecución condicional.

Todo ello impone al Poder Ejecutivo Nacional realizar impostergables inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos, y al Poder Legislativo Nacional a procurar un completo estudio de la normativa legal vigente en la materia en pos de su eficiencia. Medidas que, indudablemente, sí guardan directa relación lo que resulta materia de reclamo social.

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