LEY DE EMERGENCIA: LA FISCALÍA 1 DE LA SEGURIDAD SOCIAL RECHAZÓ UN AMPARO

El representante del Ministerio Público Fiscal recordó que para la apertura de la acción de amparo deben darse circunstancias tipificadas por la presencia de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, las cuales, por los fundamentos en torno a la situación de emergencia, no surgían de manera patente.

 

Los hechos:

Titular de un beneficio previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino interpuso acción de amparo contra la ANSES, por considerar que el dictado de la Ley 27.541 vulneraba derechos adquiridos.

En este marco, peticionó que se dictara una medida cautelar que ordenase la suspensión del dispositivo en cuestión.

La norma cuestionada dispuso que en el próximo mes de marzo no se aplicara la Ley de Movilidad vigente y que ya fuera devengada en el trimestre de julio a septiembre de 2019, y que tampoco se aplicara en junio de 2020, respecto de lo devengado en el trimestre de octubre a diciembre de 2019.

La parte actora señaló que a sus haberes correspondientes a los meses de enero y febrero de 2020, que ascendían a la suma de $ 101.375,50, les correspondería en el mes de marzo un incremento del 11.56%, menoscabándose, a su criterio, sus derechos patrimoniales y de la Seguridad Social.

 

El dictamen:

El Dr. de Vedia consideró que la acción impetrada resultaba formalmente improcedente, por cuanto la presentante no había logrado demostrar que el actuar estatal adoleciera de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.

En este sentido, precisó que la falta de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la norma cuestionada surgía de la interpretación de la misma a la luz del ordenamiento jurídico vigente.

Desde esa perspectiva, el representante del Ministerio Público Fiscal estimó que el análisis de la procedencia formal de la acción no permitía desconocer la finalidad de la “ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia”, ni el contexto de crisis social, que la misma reconocía.

Así, recordó que el dispositivo legal en su artículo primero declaraba la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

En razón de lo cual, delegó en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2°, hasta el 31 de diciembre de 2020, entre las cuales destacó: “e) Fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos”.

De este modo, el Fiscal reseñó que la legislación de emergencia en cuestión atravesaba distintas realidades de la vida social y cotidiana de las personas que habitan nuestro país, respondiendo al intento de conjurar o atenuar los efectos de situaciones anómalas, ya fueran económicas, sociales o de otra naturaleza.

En tal inteligencia, apreció que las medidas adoptadas por el Estado, a través de la ley en cuestión para conjurar la crisis bajo examen, estaba dentro de las reconocidas como válidas en el marco de la emergencia.

En este contexto, el Dr. de Vedia puso de relieve que el carácter distributivo y solidario de los haberes previsionales era uno de los mandatos constitucionales y de los instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país y con rango constitucional, a través del art. 75 inc 22 de la Carta Magna.

Asimismo, advirtió armonía entre el texto del artículo 55 de la ley 27.541 con el objetivo diseñado en el inciso e) del artículo segundo, al establecer la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días, la aplicación del artículo 32 de la ley 24.241, sus complementarias y modificatorias, a los fines de atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos.

“Pero también resulta patente la concordancia del mandato legal con el constitucional”, manifestó.

El representante del MPF consideró patente la transitoriedad de la medida, provisionalidad que vio robustecida en el texto del último párrafo del artículo 55 de la ley, al expresar que el Poder Ejecutivo nacional convocaría una comisión integrada por representantes del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y miembros de las comisiones del Congreso de la Nación competentes en la materia que, durante el plazo previsto en el primer párrafo, para que propusiera un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantizara una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución.

En este orden de ideas, resaltó que los principios de redistribución y solidaridad explicitados no debían ser interpretados como compartimentos estancos y aislados del resto, toda vez que la nueva concepción social del derecho debía interpretarse como un sistema con presupuestos teóricos  y no como una simple acumulación de normas con fin y destinatario comunes.

Así, destacó una meta: nivelación de las desigualdades que podía verse entre individuos ligados por determinado vínculo jurídico o en aquellas situaciones objetivas que a las personas les tocaran en suerte. De este modo, advirtió la existencia de individuos en una situación de mayor desventaja o vulnerabilidad que otros por diferentes motivos: discapacidad o enfermedad, vejez, imposibilidad de subsistencia digna, etc.

Para el Fiscal, resultaba fundamental al momento de analizar cuestiones como la pretensión del caso, tener en cuenta los principios rectores de la seguridad social: solidaridad, universalidad, integralidad, subsidiaridad, inmediatez y unidad, entre otros, y compatibilizarlos con los que se nos revelan en virtud de los nuevos paradigmas de esta rama del derecho –justicia social, inclusión social y redistribución.

Sobre ello, precisó que la finalidad de la seguridad social era brindar protección social y promover el bienestar de todos los ciudadanos. En especial, opinó que no debía olvidarse que “el sistema es financiado por todos y para todos”.

Por su parte, indicó que la Prestación Básica Universal –PBU– que compone el haber jubilatorio, tenía carácter universal, por lo cual al determinarse su monto se debería atender particularmente a la naturaleza solidaria del sistema de reparto, sin dejar de considerar la naturaleza distributiva del beneficio, las restantes medidas adoptadas por el Estado con esos fines distributivos –priorizando a los sectores más vulnerables-, y la capacidad del financiamiento del sistema durante un período de emergencia económica.

En virtud de su fin distributivo, Gabriel de Vedia ponderó que la ´prestación básica universal´ era, en definitiva, aquella que mejor respondía al principio de solidaridad intra-generacional, la cual reconocía el fin sustitutivo del beneficio jubilatorio en los otros dos de sus componentes -principio de sustitutividad-, lo cual daba razones para pretender que el haber de retiro y el de actividad revistieran cierta proporcionalidad –principio de proporcionalidad-.

Pero, estos principios de sustitutividad y de proporcionalidad debían ser compatibilizados con los objetivos más generales de la seguridad social, como lo son aquellos que buscan brindar a las personas que requieren de su cobertura, los medios necesarios que les garantizaran una subsistencia digna.

De este modo, preconizó la necesidad de sustentabilidad económica y financiera del sistema previsional, el cual procuraba atender, no solo a beneficiarios actuales sino también a los futuros, estaba basada en la solidaridad, de forma que se facultaba al Poder Legislativo a establecer pautas o mecanismos con la finalidad de atenuar en la edad pasiva las diferencias de ingresos existentes entre los trabajadores activos.

Así, también se pretendía establecer la cobertura y protección para quienes menos hubieran aportado junto con prestaciones superiores con sustentabilidad para aquellos que habían tenido mayores ingresos.

El Fiscal llegó a una conclusión: “si todos los sectores de la sociedad (vgr. asalariados, locadores, jubilados, acreedores en general) están soportando los necesarios e inevitables sacrificios que se requieren para superar una crisis de emergencia de la magnitud y gravedad como la que afectó al país, quienes accionen judicialmente no pueden válidamente ser los únicos en quedar al margen de esta situación.”

En este sentido, reflexionó que tal aserto resultaba compatible con el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas, en tanto las medidas cuestionadas no trasuntaban persecución, hostigamiento o indebida discriminación en perjuicio de los actores. Por el contrario, constituían una razonable limitación de sus derechos en las condiciones excepcionales ya descriptas.

“Acoger su pretensión implicaría consagrar una categoría privilegiada, un sector indemne a la crisis, en desmedro de otros que ya sufrieron los efectos de la emergencia”, finalizó el Dr. de Vedia.

Related posts

Leave a Comment