El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, fue uno de los oradores invitados a la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación. El objetivo principal fue analizar el proyecto de reforma del régimen previsional del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
En ese sentido, Gallo Tagle afirmó que “se está haciendo una alteración de este régimen especial de manera que aquel que se siente con capacidad de generar una buena remuneración en otros sectores, se siente expulsado del Poder Judicial”.
Asimismo, precisó que “la cantidad de magistrados y funcionarios de los Ministerios Públicos que estarían en condiciones de tomar esa decisión son 350 ó 360. Si eso ocurre, el 50% del Poder Judicial queda vacante”.
Para el juez “la independencia del Poder Judicial no está regida por el valor de su remuneración. Estamos discutiendo la preservación de un régimen especial de trabajadores honestos, idóneos y que solo vive del sueldo. Somos independientes porque ejercemos esta función con absoluta responsabilidad y pasión, como todos los que integramos el Poder Judicial. Defendemos nuestro salario porque es la mejor manera de tener un reconocimiento por la función que cumplimos”.
En esa línea, aseguró “no voy a entrar en consideraciones políticas y las finalidades perseguidas con esta ley, pero la imprecisión en el texto de la ley genera tanta inseguridad jurídica no sólo en los integrantes del Poder Judicial sino además en la gente que está estudiando qué decisiones económicas tomar en el país, de acuerdo a las leyes que nos están regulando. Entonces también sería adecuado poder precisar la redacción”.
Según el titular de la Asociación de Magistrados “la nueva ley contempla derogar el artículo 16 de la ley 24.018, que permite que los magistrados jubilados puedan ser convocados para subrogar. Se trata de una herramienta formidable y, en el escenario como el que estamos viendo, se convierte en fundamental. Resulta equivocado plantear que un jubilado que sería convocado cobrará más que un juez en actividad. En todo caso, evaluemos el ajuste de esa remuneración que se considere inadecuada”.
